Congreso de Tamaulipas respalda minutas constitucionales en materia de Poder Judicial y soberanía electoral

Congreso de Tamaulipas respalda minutas constitucionales en materia de Poder Judicial y soberanía electoral

Ciudad Victoria, Tamaulipas. El Congreso del Estado aprobó dos minutas con proyecto de decreto remitidas por el Congreso de la Unión, mediante las cuales se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial, así como para incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Con esta aprobación, el Congreso de Tamaulipas se ubicó entre los primeros congresos locales del país en respaldar ambas reformas constitucionales, contribuyendo al proceso de validación previsto por el Constituyente Permanente.

En sesión plenaria, las y los legisladores avalaron la reforma judicial, la cual establece que la segunda elección popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto del ámbito federal como local, se realizará en junio de 2028 y no en 2027, como se contemplaba originalmente.

Asimismo, se crea una Comisión Coordinadora integrada por las personas titulares de los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión, encargada de homologar criterios de evaluación, verificar el cumplimiento de requisitos de las personas aspirantes y coordinar los procesos de selección de candidaturas.

La reforma también incorpora ajustes relacionados con la integración de boletas electorales judiciales, las reglas de postulación, los mecanismos de escrutinio y cómputo, así como la evaluación y capacitación de las personas juzgadoras electas.

Por otra parte, el Pleno aprobó la minuta que adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal para establecer como causal de nulidad de una elección la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

Durante la discusión, se destacó que ambas reformas buscan fortalecer el marco constitucional, brindar mayor certeza jurídica a los procesos de elección judicial y proteger la integridad de los procesos democráticos y la soberanía nacional.

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