Matamoros, Tamaulipas. El lunes 28 de abril, a través de WhatsApp, recibí un archivo titulado “Matamoros Gov”. El documento contenía una lista de nombres bajo el encabezado “List of the most influential people in the Matamoros Government”, que en español se traduce como: “Lista de las personas más influyentes en el Gobierno de Matamoros”. Conformada por 98 personas. ¿Lista negra acaso?
En otro contexto, el archivo podría haber pasado desapercibido como una curiosidad política más. Pero en medio del ambiente enrarecido que ha dejado el fallido intento del joven alcalde por cruzar la frontera —envuelto en un drama que involucró a agentes del ICE y del Homeland Security—, la recepción de este archivo no es menor.
Es inevitable asociarlo, en tono de sospecha, a una supuesta lista de observación: una especie de señalamiento informal sobre quiénes, al intentar ingresar a Estados Unidos, podrían ser objeto de una segunda revisión o, incluso, de restricciones migratorias.
Hoy miércoles 30 de abril, Alberto Granados cumple ya 13 días sin mostrar públicamente su visa. Todo indica que ha optado por la estrategia del olvido, como si presentar ese documento fuera un gesto trivial, una formalidad prescindible. Pero no lo es. Quizá tendremos que esperar al 4 de julio para ver si es invitado a las fiestas de independencia y que para entonces se invente una reunión “muy importante” en otro lugar.
Parece ser que lo que viene es propaganda, fotos del alcalde con sus más cercanos colaboradores como un gesto de solidaridad y de que “Aquí no pasa nada” y del mismo joven alcalde con gente de las colonias con un toque de encanto apoyado por el bisturí y su imagen inmaculada en lo estético pero ignorando lo ético.
La omisión ha comenzado a tener consecuencias más allá del escándalo personal o político. Me llegó información sensible: el CEO de una importante maquiladora tenía agendada una reunión en una ciudad de Estados Unidos, con el objetivo de atraer inversiones hacia Matamoros. Uno de sus asesores me llamó con visible inquietud. Su pregunta fue directa: ¿Le quitaron la visa al alcalde o no? No supe qué responder. Porque el joven alcalde, en su estilo evasivo, ha decidido que brindar claridad sobre ese punto no es prioritario. Como si la credibilidad institucional pudiera tolerar zonas grises.
El empresario, por su parte, tiene argumentos sólidos para promover a Matamoros como destino de inversión. Pero carga con un temor difícil de esquivar: que, al mencionar nuestra ciudad como sede del proyecto, la respuesta del otro lado de la mesa sea una mueca incómoda o, peor aún, una frase lapidaria: “¿Matamoros? ¿Donde dicen que al alcalde le retiraron la visa?”
Bajo esa simple —pero poderosa— premisa, el CEO prefirió cancelar la reunión.
Sesudo lector, conviene recordar que la historia —y también la mitología— ofrece paralelos inquietantes con nuestras realidades contemporáneas. En la Grecia clásica, por ejemplo, existieron mecanismos institucionales que bien podrían considerarse los antecesores de lo que hoy llamaríamos “listas negras”.
Uno de los precedentes más emblemáticos fue el ostracismo, una práctica democrática en la Atenas antigua mediante la cual los ciudadanos, año tras año, votaban para desterrar a quienes consideraban una amenaza para la estabilidad de la polis. El nombre del señalado se escribía en un fragmento de cerámica —el óstrakon— y, si reunía suficientes votos, era expulsado de la ciudad por diez años. No se le juzgaba ni se le condenaba formalmente: se le neutralizaba, el equivalente a confiscar la visa. El ostracismo no castigaba un delito, sino la percepción del peligro. Era, en esencia, un sofisticado mecanismo de control político y un rudimentario sistema de prevención de abusos de poder. Cualquier parecido con nuestra realidad local en Matamoros es mera coincidencia.
Otra figura temida era la atimía, una forma de deshonra civil que implicaba la pérdida de derechos ciudadanos, como la confiscación de la visa. Podía aplicarse a funcionarios corruptos, traidores o simplemente negligentes. El átime, despojado de su voz pública, quedaba excluido de cargos, debates y decisiones. No había cárcel ni exilio: solo silencio e invisibilidad institucional.
Saltando en el tiempo, encontramos en el derecho estadounidense un eco moderno de estas prácticas. La llamada “Ley de Enemigos”, oficialmente conocida como Trading with the Enemy Act (TWEA), fue promulgada el 6 de octubre de 1917, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta legislación otorga al Ejecutivo el poder de declarar como “enemigos” a individuos, empresas o naciones, permitiéndole imponer sanciones, confiscar bienes y restringir movimientos. Aunque concebida para tiempos de guerra, su uso ha trascendido coyunturas bélicas, convirtiéndose en una poderosa herramienta de presión y exclusión geopolítica.
Hoy, ser empleado municipal en Matamoros parece haberse convertido, insólitamente, en motivo de preocupación. Una actividad cotidiana para cualquier matamorense —cruzar al lado americano— ahora se acompaña de nerviosismo y cautela. Circulan versiones no confirmadas, susurros de pasillo y cadenas en redes que hablan de listas, revisiones y restricciones. Nada está oficialmente comprobado, pero el solo rumor basta para encender la inquietud. Nunca antes la frontera había sido tan simbólicamente hostil para quienes, irónicamente, dicen representar a la ciudad.
Querido y dilecto lector, en la lista aludida vienen personas que me consta su integridad moral y cuyo único “pecado” es la cercanía con una administración afectada por el peso de la duda y la sospecha. Ya sea mediante óstrakons, decretos o listas clasificadas, la lógica del señalamiento persiste. Cambian las formas, pero la sombra del exilio, simbólico o literal, sigue siendo un recurso del poder cuando la transparencia incomoda. Como ciudadanos seguimos esperando que Alberto Granados muestra su visa y calle a los mal pensados.
El tiempo hablará.
Jorge Chávez Mijares.
