Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. Las autoridades que ordenaron la restitución del bien inmueble donde se asentaba la colonia “23 de Marzo” no informaron al Municipio de la acción que se iba a realizar.
En improvisada rueda de prensa, antes de presidir el arranque de la campaña contra el cáncer de mama, el Presidente Municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz destacó que, de hecho, la orden se ejecutó precisamente el día en que entraron en funciones los nuevos juzgados.
Al hablar sobre el tema del desalojo de esa colonia, expresó que su gobierno quiere ser solidario con los habitantes, para lo cual se ordenó a Protección Civil que se habiliten los albergues para recibir a las familias.
Asimismo, reconoció los derechos de la propietarias porque a final de cuentas se sabe que nadie puede construir en un lugar del cual no se tiene la posesión legal.
“Son gente que con mucho esfuerzo hizo su casa, hizo su vivienda y que tenían mucho tiempo viviendo ahí, unos nueve años. Es por eso que nosotros, de parte del Ayuntamiento, les ofrecemos eso”-apuntó.
Durante casi diez años el anterior Poder Judicial atendió la solicitud de la propietaria que buscaba la restitución del bien inmueble.
Fue precisamente este primero de octubre, muy temprano, cuando llegaron a ejecutarlo personal del Poder Judicial, apoyados con elementos de la Guardia Estatal y potentes máquinas retroexcavadoras.
Las más de 300 familias podrían recibir asesoría para que puedan ser candidatas a obtener alguna vivienda de Bienestar, o a otros programas como CONAVI.
Lamentó que no se haya informado con tiempo a la autoridad municipal sobre esa acción y agregó: “Lo que nos gustaría de aquí en adelante es que cada vez que haya una decisión de ese tipo le informen a los gobierno correspondientes, ya sea federal, estatal o municipal para que podamos hacer un plan con un mes, dos meses de anticipación, no 72 horas”.
Volvió a recomendar a la población en general que no caigan en el engaño de las cartas posesión, porque eso y nada es lo mismo.
Las personas desalojadas se quejaron que habían pagado hasta 40 mil pesos por ese documento, haciéndoles creer que tenían derecho al predio donde edificaron sus viviendas.
