CANACO REYNOSA SE PRONUNCIA EN CONTRA DEL ACOSO A LOS VEHÍCULOSDE PLATAFORMA (DIDI,UBER) Y EXIGE MEJORAS AL TRANSPORTE PÚBLICO

Reynosa, Tamaulipas. La Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO Reynosa) expresa su enérgico rechazo a los
anuncios de operativos en contra de los servicios de transporte por plataforma, mientras
que la Subsecretaría de Transporte del Estado de Tamaulipas mantiene en condiciones
deplorables el servicio de transporte público, sin cumplir ni hacer cumplir la ley y el
reglamento en la materia.
Es evidente el rezago significativo en la modernización del transporte concesionado, lo que
afecta gravemente a los ciudadanos que deben pagar por un servicio deficiente, inseguro y
costoso. Ante esta situación, preocupa profundamente que las autoridades estatales
enfoquen su atención en presionar a las empresas de transporte por plataforma, las cuales
han demostrado ofrecer un servicio de calidad con tarifas transparentes y una alternativa
real de movilidad para la población, además de representar una fuente de empleo formal.
La regulación que se está imponiendo a los servicios de transporte por plataforma responde
a modificaciones legislativas aprobadas sin un análisis serio sobre los beneficios que estos
modelos de movilidad representan. Lamentablemente, los diputados locales aprobaron
cambios que lejos de fortalecer la movilidad en el estado, afectan negativamente a los
ciudadanos y limitan las opciones de transporte moderno y eficiente.
Mientras las autoridades estatales buscan imponer cargas administrativas y tributarias a los
conductores de estas plataformas, no ejercen su facultad para regular y ordenar el
transporte público concesionado, permitiendo que continúe operando en condiciones que
vulneran el derecho de los usuarios a un servicio digno, seguro y eficiente. Esta omisión
sugiere que la intención detrás de estas medidas es más recaudatoria que regulatoria.
Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO Reynosa, expresó su postura al respecto:
“No podemos permitir que se criminalice a quienes buscan una fuente de empleo honesta ni
que se castigue a los ciudadanos que prefieren un servicio eficiente y seguro. La prioridad
del gobierno debe ser garantizar que el transporte público concesionado cumpla con los
estándares adecuados y brindar opciones de movilidad modernas y accesibles para todos.”
Exigimos a las autoridades estatales actuar con imparcialidad y responsabilidad,
asegurando que el transporte público concesionado cumpla con las normas
establecidas, en lugar de obstaculizar modelos de movilidad que operan con
estándares internacionales de servicio. La movilidad de los tamaulipecos no debe verse
afectada por medidas arbitrarias que castigan a quienes buscan ofrecer alternativas
modernas y eficientes.
Asimismo, hacemos un llamado a los diputados locales a revisar las modificaciones
realizadas a la legislación en materia de transporte, pues los cambios aprobados
representan un retroceso que impacta negativamente la movilidad de los ciudadanos y frena
la evolución de alternativas que han demostrado su efectividad en otras partes del mundo.